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Estudios legales

08.09.2010 15:55

Las actividades que desarrolla el hombre en sociedad requieren de normas que regulen los derechos y deberes de sus miembros. Toda actividad empresarial y los proyectos que de ella se originanse encuentran incorporados aun determinado ordenamiento jurídico. Resuelta imprescindible el conocimiento de la legislación y de las normas que pueden ser aplicables al proyecto que se desea evaluar.

    Cada país dispone de un ordenamiento legal diferente, de acuerdo con las concepciones jurídicas que sus miembros hayan establecido en el transcurso de su vida institucional.

    En todo país la actividad económica está fiscalizada y controlada por organismos encargados de hacer cumplir la norma legal establecida en el ordenamiento jurídico, lo que regula la conducta de los agentes económicos. Los proyectos se sitúan en el contexto de la realidad social, con todas sus leyes, normas y reglamentos, lo que obliga al preparador y evaluador de proyectos a considerar necesariamente el marco legal en que se desarrollará el proyecto.

    Siempre existen en los países normas legales de carácter general, sin perjuicio de legislaciones de tipo federal, regional, local, municipal, etcétera. El preparador y evaluador de proyectos deberá conocer el marco normativo general y específico de manera tal que pueda disponer de los elementos analíticos imprescindibles para la correcta evaluación del proyecto.

    Los aspectos legales que deben considerarse abarcan también la forma de organización que adopte la unidad económica que podría desarrollar el proyecto. Cada país define distintos tipos de organización de las empresas y también establece normas tributarias, administrativas, contables, fiscalizadoras, etcétera, que de hecho afectan de una manera u otra a la empresa encargada de la implementación del proyecto.

     El marco de referencia legal del proyecto deberá definirse con antelación al proceso evaluador, de manera que se pueda determinar si la iniciativa que se desea desarrollar no resulta viable dadas las características específicas del marco normativo legal. Asimismo, se deberá medir los desembolsos que pueden llevar implícitos las distintas alternativas de organización legal de la empresa que desarrollará el proyecto.

    Entre las formas legales más representativas de la organización empresarial en países de economía privada o mixta, se distinguen la propiedad particular, la sociedad de personas de responsabilidad limitada, la sociedad anónima o corporación y la organización cooperativa comunitaria. Frente a estas alternativas, el evaluador debe efectuar un análisis exhaustivo de cada una de ellas, de manera de poder definir las ventajas que reporta una determinada forma de organización empresarial con respecto a otra.

    El análisis de la legislación tributaria que afecta a las empresas constituye un elemento imprescindible de tomas en cuenta por el evaluador, que necesariamente deberá incorporar en los flujos los efectos tributarios respectivos.

    Finalmente, deberán tenerse en cuenta los distintos factores legales que pueden afectar al proyecto en sus distintas etapas. Tanto en la localización, como en el estudio técnico, el financiamiento, la administración, la organización y otros aspectos relevantes para la evaluación, deberían considerarse los factores que la legislación le puede imponer al proyecto y cómo ellos afectan al proyecto de cuantificación de flujos.

 

 

Bibliografía:

  • Nassir Sapag Chain, Reinaldo Sapag Chain. Preparación y evaluación de proyectos, 2º edición.

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